Ecuador como proyecto: La captura oligárquica del Estado y la rearticulación de la Doctrina Monroe en Sudamérica
erueda, 2026-03-08
La profundización de la cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos, lejos de constituir una respuesta coyuntural a la crisis de seguridad, debe ser analizada como la realización de un proyecto político deliberado por parte de una fracción de la élite ecuatoriana que ha logrado acceder al control del Estado. Este artículo sostiene que el gobierno de Daniel Noboa no representa a un gestor de crisis que adopta una alianza indeseada por falta de alternativas, sino a un actor oligárquico que asume la dirección del Estado con el objetivo explícito de alinear al país con los intereses geopolíticos de la administración Trump, en el marco de lo que puede denominarse una rearticulación contemporánea de la Doctrina Monroe para el «patio trasero» sudamericano.
Noboa como expresión de clase: El oligarca que deviene Estado
Para comprender la naturaleza del fenómeno político ecuatoriano actual, resulta insuficiente el marco analítico que distingue entre gobiernos de izquierda y derecha en términos programáticos. La variable determinante en el caso Noboa es su condición de miembro de la fracción más concentrada del capital ecuatoriano. La familia Noboa constituye uno de los conglomerados económicos más poderosos del país, con intereses que abarcan desde la agroindustria bananera hasta el comercio internacional, pasando por medios de comunicación y sectores financieros. Esta posición estructural en la economía determina una visión del Estado no como un espacio de mediación de intereses sociales contradictorios, sino como un instrumento para la consolidación de los intereses de clase.
Desde esta perspectiva, el acceso de Noboa a la presidencia no representa una anomalía o una concesión táctica, sino la expresión política de una fracción del capital que requiere del control estatal para garantizar sus condiciones de reproducción en un contexto de crisis. La literatura sobre élites económicas en América Latina ha documentado extensamente cómo los grupos de poder económico tienden a buscar el control directo del Estado cuando las mediaciones tradicionales —partidos políticos, organizaciones gremiales— resultan insuficientes para garantizar sus intereses. En el caso ecuatoriano, el colapso del sistema de partidos y la fragmentación política crearon las condiciones para que un actor oligárquico pudiera presentarse como una opción «antisistema» o «tecnocrática», cuando en realidad constituye la expresión más pura del establecimiento económico.
El programa de subordinación: Alineamiento estratégico con Washington
La política exterior del gobierno Noboa no puede ser comprendida como una serie de respuestas pragmáticas a eventos imprevistos, sino como la ejecución sistemática de un programa de alineamiento con Estados Unidos que responde a intereses de clase perfectamente identificables. La decisión de romper relaciones diplomáticas con Cuba, el alineamiento automático con las posturas estadounidenses frente a Venezuela, la confrontación con el gobierno colombiano de Gustavo Petro y la negociación acelerada de un acuerdo comercial recíproco constituyen movimientos coherentes con una visión del mundo donde los intereses de Washington y los de la élite exportadora ecuatoriana convergen.
Esta convergencia no es casual ni forzada. Para una fracción del capital ecuatoriano vinculada al comercio exterior y a la agroexportación, el acceso preferencial al mercado estadounidense constituye un objetivo estratégico de primera magnitud. La negociación del acuerdo comercial recíproco, impulsada con celeridad y opacidad, responde a esta necesidad estructural. Sin embargo, el precio de este acceso preferencial no es únicamente económico, sino también político: implica la aceptación de la agenda geopolítica de Washington en la región, incluyendo la presencia militar y la cooperación en materia de seguridad sin los contrapesos que garantizarían una relación más equilibrada.
La propuesta, posteriormente rechazada en referéndum, de eliminar la prohibición constitucional de bases militares extranjeras, constituye el ejemplo más paradigmático de este programa. No se trató de una concesión arrancada por la presión estadounidense, sino de una iniciativa gubernamental que buscaba formalizar una relación de subordinación que ya opera en los hechos. La presencia del Comando Sur en territorio ecuatoriano, las operaciones militares conjuntas y el intercambio de inteligencia configuran una situación de facto que la reforma constitucional pretendía legitimar.
La Doctrina Monroe como marco: El «patio trasero» y sus administradores locales
La administración Trump ha explicitado, con un lenguaje menos diplomático que sus predecesoras, una visión de las relaciones hemisféricas que recupera elementos centrales de la Doctrina Monroe: la idea de que América Latina constituye una esfera de influencia exclusiva de Estados Unidos, donde cualquier presencia de potencias extracontinentales debe ser resistida, y donde los gobiernos de la región deben alinearse con los intereses de Washington o enfrentar consecuencias.
En este marco, la figura de Noboa adquiere una funcionalidad específica. No se trata simplemente de un aliado, sino de un administrador local de la hegemonía, un actor que asume la tarea de disciplinar a su propia sociedad y a su propio Estado para adecuarlos a las exigencias del poder central. Este fenómeno, extensamente analizado por la teoría de la dependencia y los estudios postcoloniales, implica que la dominación no opera únicamente mediante la imposición externa, sino también mediante la colaboración de élites nativas que encuentran en la subordinación un vehículo para la realización de sus propios intereses.
La cumbre de mandatarios latinoamericanos convocada por Trump en Miami constituye la expresión más visible de esta nueva arquitectura regional. La presencia de Noboa junto a Javier Milei y otros líderes de derecha no es una foto de ocasión, sino la constatación de que existe una coordinación política entre gobiernos que comparten no solo una orientación ideológica, sino también una función estructural en el esquema de dominación hemisférica. Estos gobiernos actúan como correas de transmisión de los intereses estadounidenses en la región, a cambio de beneficios económicos selectivos y respaldo político en el ámbito interno.
Implicaciones para la autonomía regional y la estructura de clases
El caso ecuatoriano bajo el gobierno Noboa plantea interrogantes de fondo sobre las posibilidades de autonomía regional en Sudamérica. Si durante el ciclo progresista (2003-2015) se ensayaron estrategias de diversificación de vínculos internacionales y construcción de institucionalidad regional autónoma (UNASUR, CELAC), el escenario actual apunta a una reconfiguración de las relaciones de dependencia que profundiza la asimetría estructural.
Desde una perspectiva de clase, este proceso implica una recomposición de las fracciones del capital que logran hegemonizar el Estado. El gobierno Noboa expresa los intereses de una fracción del capital exportador y financiero para quien la integración subordinada a Estados Unidos resulta funcional, en detrimento de los sectores productivos orientados al mercado interno, de las pequeñas y medianas empresas, y por supuesto, de las clases populares. La política de seguridad, que justifica la presencia militar estadounidense, tiende además a criminalizar la protesta social y a debilitar los mecanismos de control ciudadano sobre el Estado, lo que refuerza el carácter excluyente del modelo.
La reacción tibia del gobierno ante incidentes como las redadas del ICE en Minneapolis o el intento de ingreso de agentes estadounidenses al consulado ecuatoriano no debe leerse como una debilidad circunstancial, sino como la expresión coherente de un proyecto político que ha asumido la subordinación como principio. Para un gobierno que ha hecho del alineamiento con Washington su principal activo político, protestar con firmeza ante violaciones de su soberanía resultaría contradictorio con la lógica misma de su programa.
El análisis del caso ecuatoriano desde una perspectiva que articule clase social y relaciones internacionales permite comprender que la cooperación militar con Estados Unidos no es una respuesta a la crisis, sino un proyecto de largo plazo impulsado por una fracción oligárquica que ha logrado capturar el Estado. Daniel Noboa no gobierna para resolver la crisis de seguridad, sino para imponer un modelo de inserción internacional y de organización interna que resulta funcional a los intereses del capital que representa y a los objetivos estratégicos de la administración Trump en la región.
Este fenómeno, lejos de ser exclusivamente ecuatoriano, expresa una tendencia regional más amplia: la emergencia de gobiernos de derecha que actúan como administradores locales de la hegemonía estadounidense, en el marco de una renovada Doctrina Monroe que concibe a Sudamérica como espacio de influencia exclusiva. La pregunta que queda abierta es si las resistencias sociales y políticas serán capaces de articular alternativas a este modelo, o si la región profundizará un camino de subordinación que hipoteca su desarrollo y su soberanía en beneficio de las élites locales y los intereses geopolíticos del norte.
La captura oligárquica del Estado, la rearticulación de la Doctrina Monroe y la contradicción china en el desarrollo regional
La profundización de la cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos, enmarcada en el combate al narcotráfico, constituye un fenómeno político que trasciende el ámbito bilateral para inscribirse en la reconfiguración geopolítica del continente sudamericano. Este artículo sostiene que el gobierno de Daniel Noboa no representa a un gestor de crisis que adopta una alianza indeseada por falta de alternativas, sino a un actor oligárquico que asume la dirección del Estado con el objetivo deliberado de subordinar al país a los intereses estratégicos de la administración Trump. Esta subordinación se inserta en un marco más amplio: la rearticulación contemporánea de la Doctrina Monroe —el denominado «Trump Corollary» — que identifica a China como el adversario principal a contener en el «patio trasero» estadounidense. El análisis revela, sin embargo, una contradicción estructural para los gobiernos de derecha en la región: el imperativo de alinearse geopolíticamente con Washington colisiona con la necesidad objetiva de mantener y profundizar los vínculos económicos con Beijing, dado el papel insustituible de la inversión china en infraestructura para la superación de los déficits estructurales que afectan críticamente a las economías sudamericanas.
La dimensión geopolítica: El «Trump Corollary» y la contención de China como objetivo estratégico
La presencia militar estadounidense en Ecuador no puede ser adecuadamente comprendida sin situarla en el marco de la estrategia global de la administración Trump hacia América Latina. La última Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha explicitado el retorno de la Doctrina Monroe para la región, actualizada mediante el denominado «Trump Corollary«. Este corolario sostiene que el hemisferio occidental pertenece a la esfera de influencia exclusiva de Estados Unidos y que ninguna potencia extrarregional —particularmente China— debe tener injerencia en él.
El destinatario de esta doctrina actualizada es claramente el gigante asiático. Desde el 20 de enero de 2025, la administración Trump ha trasladado su competencia casi bipolar con China al hemisferio occidental. Las acciones visibles en la región han correspondido a esta política: Panamá anunció en febrero de 2025 que no renovaría su memorando de entendimiento bajo el Belt and Road Initiative, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en salir del programa tras el escrutinio estadounidense sobre la presencia comercial china cerca del Canal ; Chile canceló en enero de 2026 el proyecto del observatorio astronómico Ventarrones por consideraciones de seguridad nacional ; Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, no renovó los acuerdos que regían el radiotelescopio China-Argentina ; y, más dramáticamente, el 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas en la Operación Resolución Absoluta, alterando drásticamente el panorama político venezolano y representando el primer bombardeo en una capital sudamericana en la historia reciente.
En este contexto, Ecuador emerge como un eslabón más en la cadena de reconfiguración hegemónica. La propuesta gubernamental —posteriormente rechazada en referéndum— de eliminar la prohibición constitucional de bases militares extranjeras revela el objetivo de formalizar una presencia militar que en los hechos ya opera. El interés estadounidense por puntos estratégicos como la isla Baltra, en Galápagos, responde a consideraciones de control marítimo y proyección de fuerzas en el Pacífico sur, en una zona de creciente competencia con China por las rutas comerciales y los recursos estratégicos.
Noboa como expresión de clase: El oligarca que administra la subordinación
Para comprender la naturaleza del fenómeno político ecuatoriano actual, resulta insuficiente el marco analítico que distingue entre gobiernos de izquierda y derecha en términos programáticos. La variable determinante en el caso Noboa es su condición de miembro de la fracción más concentrada del capital ecuatoriano. La familia Noboa constituye uno de los conglomerados económicos más poderosos del país, con intereses que abarcan agroindustria, comercio internacional y medios de comunicación. Esta posición estructural en la economía determina una visión del Estado no como espacio de mediación de intereses sociales contradictorios, sino como instrumento para la consolidación de los intereses de clase.
Desde esta perspectiva, el acceso de Noboa a la presidencia representa la expresión política de una fracción del capital que requiere del control estatal para garantizar sus condiciones de reproducción. El colapso del sistema de partidos y la fragmentación política crearon las condiciones para que un actor oligárquico pudiera presentarse como opción «antisistema» o «tecnocrática», cuando en realidad constituye la expresión más pura del establecimiento económico.
La política exterior del gobierno Noboa ejecuta sistemáticamente un programa de alineamiento con Washington que responde a intereses de clase perfectamente identificables. La ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba, el alineamiento automático con las posturas estadounidenses frente a Venezuela, la confrontación con el gobierno colombiano de Gustavo Petro y la negociación acelerada de un acuerdo comercial recíproco constituyen movimientos coherentes con una visión del mundo donde los intereses de Washington y los de la élite exportadora ecuatoriana convergen.
Para una fracción del capital vinculada al comercio exterior y a la agroexportación, el acceso preferencial al mercado estadounidense constituye un objetivo estratégico. Sin embargo, el precio de este acceso no es únicamente económico, sino también político: implica la aceptación de la agenda geopolítica de Washington, incluyendo la presencia militar y la cooperación en seguridad sin contrapesos que garantizarían una relación más equilibrada.
La contradicción estructural: Desarrollo económico y dependencia de la inversión china
El principal problema estratégico que enfrentan los gobiernos de derecha en Sudamérica —incluyendo el ecuatoriano— radica en que su alineamiento geopolítico con Washington colisiona con necesidades estructurales de desarrollo que sólo pueden ser satisfechas mediante la relación con China. La administración Trump busca expulsar al gigante asiático de América Latina sin ofrecer una alternativa factible en términos de inversión en infraestructura y desarrollo.
La magnitud de la presencia china en la región desafía cualquier intento de desconexión forzada. En 2024, el comercio bilateral entre China y América Latina superó por primera vez los 500.000 millones de dólares, aproximadamente 35 veces el nivel de 2001. Si se considera exclusivamente Sudamérica, la importancia de China ya supera a la de Estados Unidos: China se ha convertido en el principal socio comercial de países clave como Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Aproximadamente el 28% de las exportaciones brasileñas se dirigen a China, frente a sólo el 13% que va a Estados Unidos.
El déficit de infraestructura que enfrenta la región es de tal magnitud que torna insustituible la cooperación china. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región necesita invertir anualmente alrededor del 4% de su PIB hasta 2030 para cerrar la brecha en transporte, energía y telecomunicaciones. Perú, por ejemplo, enfrenta un déficit de infraestructura estimado en 110.000 millones de dólares, según su Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad.
El Puerto de Chancay, inaugurado en noviembre de 2024 durante la visita del líder chino a Perú, constituye el ejemplo más paradigmático de cómo la inversión china transforma las posibilidades de desarrollo regional. Desarrollado mediante una asociación entre inversores peruanos y COSCO Shipping, el puerto ha reducido los tiempos de envío entre Perú y China de aproximadamente 35-40 días a unos 23 días, disminuyendo los costos logísticos en más del 20%. En 2025, 1.873 importadores realizaron operaciones a través del puerto, que además generó más de 200 millones de dólares en ingresos fiscales adicionales durante su primer año de operación. El proyecto funciona como catalizador para el desarrollo de un hub logístico, tecnológico e industrial más amplio en la costa central del Pacífico Sur.
El caso peruano ilustra con particular claridad cómo las redes comerciales chinas pueden enredar la política doméstica incluso cuando los gobiernos fortalecen lazos con Washington. La denominada «Chifagate», que llevó a la destitución del presidente interino José Jerí en febrero de 2026 por reuniones no reveladas con un empresario chino cuyas empresas tenían contratos gubernamentales activos, subrayó hasta qué punto las relaciones comerciales vinculadas a China se habían incrustado en la economía política peruana.
La energía como campo de batalla: Venezuela y la reconfiguración del acceso a recursos
La Operación Resolución Absoluta en Venezuela constituye el ejemplo más dramático de cómo la estrategia de Washington apunta directamente a desplazar a China de activos estratégicos. China ha dependido históricamente del modelo «préstamos por petróleo» para asegurar el suministro de crudo pesado venezolano. La reincorporación de Venezuela al sistema energético liderado por Estados Unidos —con informes no confirmados que sugieren que Washington exigiría a Venezuela romper lazos con China, Rusia, Irán y Cuba para permitir la reanudación de su producción petrolera — implica que el acceso chino a crudo barato se verá restringido y su influencia en la matriz energética latinoamericana será progresivamente marginada.
Beijing enfrenta pérdidas potenciales significativas: mantiene una inversión acumulada estimada en 4.800 millones de dólares en Venezuela y préstamos pendientes por un monto que oscila entre 13.000 y 15.000 millones de dólares . La respuesta china, sin embargo, se ha mantenido en el terreno diplomático: condenó la operación como una «violación clara del derecho internacional» pero evitó cualquier escalada que comprometa sus intereses más amplios, particularmente la desescalada comercial con Estados Unidos .
Este movimiento tiene un efecto demostrativo que trasciende a Venezuela. Señala a otras naciones latinoamericanas que la lealtad geopolítica a Washington puede tener costos significativos en términos de acceso a recursos y mercados, profundizando la contradicción para gobiernos que, como el ecuatoriano, necesitan desesperadamente inversión extranjera para desarrollar sus sectores energéticos y mineros.
La imposibilidad de sustitución: La contradicción de las derechas gobernantes
La literatura especializada coincide en que la estrategia de Trump de expulsar a China de América Latina, sin proporcionar una alternativa económica viable, está condenada al fracaso. La presencia china en la región no es marginal o experimental; está construida sobre intercambios comerciales, inversiones de largo plazo, vínculos financieros y proyectos de infraestructura a gran escala que sustentan tanto las cadenas globales de suministro de China como el crecimiento económico de los países latinoamericanos.
Incluso gobiernos estrechamente alineados con Washington mantienen vínculos profundos con Beijing. Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei —uno de los socios más cercanos de Trump en la región—, aumentó sus exportaciones de soja a China en 2025, mantiene un swap de divisas por 20.000 millones de dólares con Beijing y no ha alterado el estatus operativo de la instalación espacial de gestión china en Neuquén. El Salvador, bajo Nayib Bukele, se ha alineado con Washington en migración y seguridad mientras recibe proyectos de infraestructura financiados por China, incluyendo un nuevo estadio nacional, una biblioteca nacional y obras de desarrollo costero.
La diversificación de carteras de política exterior hacia el Sur Global se ha convertido en una estrategia recurrente, incluso entre gobiernos leales a Trump, para reducir la dependencia de una Casa Blanca impredecible. Las economías más dependientes de Estados Unidos, como México, han aumentado aranceles a productos chinos generando tensiones diplomáticas con Beijing en un intento de aplacar a la administración Trump. Pero esta estrategia tiene costos y límites claros.
Para Ecuador, la contradicción es particularmente aguda. El país enfrenta una crisis de seguridad que requiere inversión en infraestructura, tecnología y capacidades estatales que China podría proveer, pero el alineamiento con Washington cierra progresivamente esa puerta. Mientras tanto, la administración Trump no ofrece alternativas de inversión comparables a las chinas, limitándose a amenazas arancelarias y cooperación militar que no abordan los déficits estructurales de la economía ecuatoriana.
Conclusiones
El caso ecuatoriano bajo el gobierno Noboa expresa una tendencia regional más amplia: la emergencia de gobiernos de derecha que actúan como administradores locales de la hegemonía estadounidense, en el marco de una renovada Doctrina Monroe que concibe a Sudamérica como espacio de influencia exclusiva y a China como el adversario a contener. Sin embargo, estos gobiernos enfrentan una contradicción estructural: el imperativo geopolítico de alinearse con Washington colisiona con la necesidad objetiva de mantener y profundizar vínculos con Beijing, dado el papel insustituible de la inversión china en infraestructura para abordar los déficits críticos que afectan a sus economías.
La pregunta que queda abierta es si las élites gobernantes en Ecuador y la región podrán sostener esta contradicción sin generar costos económicos y sociales insostenibles. La evidencia disponible sugiere que la estrategia de Trump de expulsar a China sin ofrecer alternativas viables probablemente fracasará, y que incluso los gobiernos más leales a Washington continuarán buscando en Beijing la provisión de bienes públicos que Estados Unidos no puede o no quiere ofrecer. En este escenario, la capacidad de las sociedades latinoamericanas para resistir la subordinación y construir alternativas de desarrollo autónomo dependerá, en medida crucial, de su habilidad para navegar las contradicciones de la competencia entre las grandes potencias sin hipotecar su soberanía.