De la cuarta urna al genocidio en Honduras
Antecedentes
Jose Manuel “Mel” Zelaya Rosales, candidato del Partido Liberal de Honduras, de centro-derecha, ganó las elecciones hondureñas celebradas en 2006 con poco más del 50% de los votos emitidos, superando por un 5% a su inmediato perseguidor, Porfirio Lobo, del derechista Partido Nacional. Estos dos partidos suponían un bipartidismo que blindaba los privilegios de las clases altas hondureñas, que después de estas elecciones respiraba tranquila sin imaginar lo que uno de los suyos podría hacer.
Cuando Zelaya comenzó su mandato se encontró con un país muy empobrecido que necesitaba importar petróleo para funcionar, y que si lo hacía la deuda externa consumiría al país cada vez más. Es entonces cuando Zelaya se empieza a enemistar con la oligarquía de Honduras. Venezuela se encontraba ya promoviendo por aquel entonces el PETROCARIBE, una iniciativa de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América por la que Venezuela vendía su petróleo a un precio justo y con muchas facilidades de pago a los países caribeños que no poseían en su suelo ese recurso hidrocarburo y no podían permitirse importarlo. Zelaya no se lo pensó dos veces y se añadió a la iniciativa para poder pagar el petróleo un 40% más barato de su precio real y poder pagar la mitad de lo que comprase a un 1% de interés a 25 años con opción de pagarlo invirtiendo el dinero en programas sociales.
Más adelante dio ayudas para abaratar el precio de los combustibles para que el pueblo pudiera hacer uso de ellos sin empobrecerse, también ayudó al pueblo reduciendo la tasa de interés en el pago de la vivienda, minorándolo una tercera parte. Esas ayudas estimularon la actividad económica del país ya que los hondureños espoleados por el abaratamiento de los costes de la vivienda empezaron a construirse sus casas comprando los materiales y dando empleo en el sector de la construcción. Zelaya también ha aumentado en los últimos meses el salario mínimo en un 60%.
Todas estas acciones que ha ido desarrollando Manuel Zelaya en su gobierno han ido soliviantando a la oligarquía de la que él mismo proviene, que estaban viendo como Zelaya iba girando su política hacia la izquierda a favor de los pobres de forma decidida. Incluso su propio partido no le apoyaba en el congreso con sus iniciativas, igual que el resto de partidos de Honduras exceptuando a la Unificación Democrática, el único de los cinco partidos existentes en Honduras que, con sus cinco escaños en el congreso apoyaron siempre a Zelaya.
Lo que colmó la paciencia de la derecha capitalista fueron tres cosas. La primera fue la unión de Honduras al ALBA, que le costó un año a Zelaya ya que su ingreso al organismo internacional debía ser aprobado previamente en el congreso, que lo rechazó varias veces. El ALBA le ha proporcionado a Manuel Zelaya fondos para aumentar el gasto social, proyectos conjuntos que han dado trabajo al pueblo hondureño y un nuevo mercado con preferencias comerciales para los productos del país centroamericano. Lo segundo fue que, gracias al ALBA Zelaya quiso acabar con las bases militares norteamericanas en Honduras para convertirlas en aeropuertos comerciales que beneficiasen al pueblo en detrimento de los Estados Unidos, y la última fue la voz que Zelaya quiso darle al pueblo para llevar a cabo una consulta para que los hondureños se pronunciasen sobre si querían celebrar una Asamblea Nacional Constituyente para dotarse de un nuevo texto constitucional. Se hablaba de nacionalizaciones, de democracia participativa, siguiendo el ejemplo de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Para ello se iba a celebrar un referéndum el domingo 28 de junio donde el pueblo votaría sobre si en las elecciones generales de noviembre ponían una cuarta urna, además de la de diputados, alcaldes y presidente, en la que el pueblo votaría si quería que se celebrase una Asamblea Nacional Constituyente.
Zelaya quería incluir el referéndum revocatorio, entre otros muchos aspectos de la democracia participativa, por el que el pueblo podría revocar el mandato de cualquier cargo público. Eso significaba que gente como el presidente del congreso por aquel entonces Roberto Micheletti, del mismo partido que Zelaya, podría no tener asegurado los 28 años que lleva éste en el cargo. También se hablaba de que los partidos no fueran el único medio por el que los ciudadanos influyeran en el gobierno una vez cada cuatro años, sino que en la nueva constitución se establecería que los ciudadanos podrían influir todos los días de año en los asuntos públicos decidiendo aspectos como las obras públicas que se ejecutasen en sus lugares de residencia o incluso las leyes aprobadas con el parlamentarismo social de calle que se da en, por ejemplo, Venezuela, El Salvador y en Nicaragua.
La derecha tuvo que actuar, Zelaya había cambiado radicalmente, no sólo su discurso, sino que lo había acompañado por hechos. Un aviso que dio Manuel Zelaya fue cuando junto con los países del ALBA celebró en Caracas en décimo aniversario de la Revolución Bolivariana. Zelaya se dirigió a los cientos de miles de venezolanos que celebraban el aniversario proclamando que Venezuela era “el ejemplo a seguir” y que había que “tumbar al capitalismo y al imperialismo que por cientos de años habían expoliado a América Latina”.
Antes de dar el golpe, la derecha capitalista dio un aviso. Pensaron que Zelaya se acobardaría cuando el general Vásquez Velásquez se negase, desacatando una orden de Zelaya, a repartir los materiales de la votación sobre la consulta popular que preguntaba al pueblo si quería una Asamblea Constituyente. El argumento era la inconstitucionalidad que suponía el injusto delito de preguntar la opinión del pueblo. Se ha podido observar más adelante que la oligarquía hondureña es consecuente con sus principios ya que por no preguntar al pueblo, han impuesto a Micheletti sin haber sido votado por nadie.
Zelaya destituyó de su cargo al general Vásquez Velásquez, pero la justicia hondureña, integrada por la oligarquía lo volvió a restituir, avisando a Zelaya que por allí no podía pasar. El presidente hondureño era además un líder popular y salió junto con el pueblo literalmente a tomar la base aérea donde se encontraba el material electoral y a repartirlo para efectuar las votaciones. Zelaya estaba irremediablemente del lado del pueblo.
La oligarquía no estaba dispuesta a ceder sus privilegios en beneficio de un pueblo por el que no sentía ni lástima y lo había conducido hasta la extrema pobreza de una forma totalmente egoísta.
El Golpe
El día de las controvertidas elecciones donde el pueblo iba a expresar si quería la cuarta urna que diera paso a una Asamblea Constituyente, la oligarquía se desprestigió ante el mundo: doscientos militares entraron abruptamente en la casa del Presidente de Honduras y violentamente lo secuestraron, llevándolo hasta Costa Rica en pijama y dejándolo tirado en ese país sin avisar a ninguna autoridad del estado costarricense.
Los Golpistas
La oligarquía dejó claro desde el primer momento que lo que habían hecho era parte de un plan muy bien trazado a juzgar por su rapidez en las acciones que vinieron después de secuestrar a Manuel Zelaya.
El congreso se reunió con la excepción de los parlamentarios de Unificación Democrática, que no asistieron por miedo a represalias. En esa sesión legislativa los congresistas golpistas intentaron justificar el golpe de estado como una sucesión constitucional. Para ello se basaron en que Zelaya cometió delito en base a una ley que aprobó el congreso al momento de enterarse de que Zelaya quería preguntar al pueblo sobre la constituyente, aprobaron una ley que impedía la celebración de plebiscitos 180 días antes de las elecciones generales. Presentaron una carta de renuncia supuestamente firmada por Zelaya el 25 de junio, tres días antes de la celebración del referéndum. Zelaya negó rotundamente que él hubiera renunciado. El congreso dando por buenos esos hechos, eligió a Roberto Micheletti, del mismo Partido Liberal de Honduras al que pertenece Zelaya, el mismo partido que votó sin fisuras a favor de Micheletti. Hasta ese momento Micheletti era el Presidente del Congreso de Honduras.
La dictadura que acababa de surgir en Honduras no esperó tiempo para actuar contra el pueblo en busca de un silencio que aparentase la normalidad necesaria para su legitimación por parte de la comunidad internacional. Para ello los golpistas mediante el ejército tumbaron la señal del canal público de Honduras, para dejar al pueblo cercado comunicativamente y poder dividirlo con informaciones en los diarios propiedad de los empresarios hondureños que apoyan el golpe. Inmediatamente después de tumbar esta señal comenzó la caza de brujas contra los medios alternativos favorables a Zelaya y a la “cuarta urna”. RadioGloboHunduras y Canal 36 fueron desalojados por el ejército dejando al pueblo en total oscuridad mediática. Sus locutores están siendo amenzados de muerte para que se callen.
La dictadura del golpista Micheletti pronto se manchó las manos de sangre. El ejército tenía tomados los puntos clave de las principales ciudades hondureñas, como el Palacio Presidencial y el Congreso en Tegucigalpa y comenzó a reprimir al pueblo. El ciudadano Rosel Ulises Peña fue arrollado por un vehículo militar mientras defendía la libertad de prensa en la sede de Hondutel, empresa de comunicación, impidiendo que los militares entrasen en el edificio. Este asesinato se produjo el lunes 29 de junio, un día después del golpe de estado.
La represión desde que los golpistas constituyeron la dictadura no sólo no ha desaparecido sino que, según palabras de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, se ha endurecido alcanzando altas cotas de violencia. Las garantías constitucionales han sido suspendidas por lo que asesinar, entrar en las casas sin orden judicial, espiar llamadas… es legal, mientras que manifestarse o expresarse es ilegal. Desde el primer día las manifestaciones, primero espontáneas, y luego organizadas, han sido duramente reprimidas dejando miles de heridos, detenidos y varios muertos. Esto puede observarse de manera muy clara cuando el pueblo asistió en una multitudinaria manifestación de casi medio millón de personas a recibir al presidente Zelaya en su regreso a Honduras al aeropuerto de Toncontín, en Tegucigalpa. El pueblo marchó y pudo acceder al aeropuerto gracias a que el coronel Mendoza retiró a su regimiento del aeropuerto desobedeciendo las órdenes de Micheletti. Cuando la cabeza de la manifestación colapsó el aeropuerto de manera pacífica, el ejército sin motivo comenzó a disparar a los indefensos manifestantes matando a tres e hiriendo a más de dos decenas de personas. Una de las víctimas, Isis Obed Murillo un joven de dieciséis años fue abatido por un francotirador. Poco después de estos hechos se anunció cuando faltaban diez minutos para las seis de la tarde que se adelantaba el toque de queda a esa misma hora, lo que supuso más de 800 detenidos.
La familia de Isis Obed, sumida en la tristeza le dijo a Xiomara Castro, la primera dama, en una conversación telefónica, que se sienten orgullosos de que su hijo muriera luchando por la justicia y la democracia. Los mismos que asesinaron a su hijo, han detenido a su padre para que no siguiera declarando a la prensa, según ha dicho la propia hermana del fallecido.
La represión ejercida a la ciudadanía no sólo se llevaba a cabo durante las manifestaciones sino que antes de celebrarse el ejército se cebaba con los que identificaba como partidarios de Zelaya. Autobuses y vehículos particulares que transportan “sospechosos”, distinguidos por su apariencia de pobres, a Tegucigalpa para formar parte de las movilizaciones y acciones contra los golpistas eran parados y sus ruedas desinfladas a disparos siendo sus pasajeros reprimidos a su vez para disiparlos e impedir su llegada a la capital que está fortificada desde el día del golpe y rodeada de puntos de control para que no entren en sus inmediaciones nadie que no deba.
Esta persecución no ha sido solamente hacia el pueblo que estaba en la calle, los cargos públicos que se mantuvieron fieles al mandato popular que subió a Zelaya a la presidencia de Honduras también han sufrido la persecución fascista de los usurpadores. El gabinete presidencial que apoya a Zelaya pasó a la clandestinidad, altos mandos del ejército que dieron la espalda al golpe están en las cárceles y muchos alcaldes han sido perseguidos, algunos salvados por el propio pueblo que desde el primer momento fue a los ayuntamientos a protegerlos de las arremetidas del ejército y otros, pese a la protección popular, fueron detenidos como el alcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri. El ejército entró violentamente en la alcaldía sacando a la gente que protegía al alcalde con bombas lacrimógenas y disparos, deteniendo al alcalde y a decenas de ciudadanos y haciendo, en ese mismo instante, alcalde de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, al sobrino de Roberto Micheletti, William Hall Micheletti. Después de ir a por el alcalde el ejército la emprendió con el pueblo de igual manera virulenta. Se recibieron denuncias de que en las mismas celdas de las cárceles la policía tiraba bombas lacrimógenas dentro, en un ataque sin sentido contra los presos políticos.