120 días de gobierno de ultraderecha en Argentina

 

Transcurrió ya el primer cuatrimestre de gobierno de Javier Milei, asumido como “libertario” y “anarco capitalista”, quien se jacta de llevar adelante el “ajuste más grande de la humanidad” y al mismo tiempo convocar a los empresarios a invertir en Argentina porque es “un excelente caso de negocios para entrar y ganar mucho dinero”. Está clara la identificación de Milei con el orden capitalista y su vocación para hacer funcionar a un sistema en evidente crisis, no solo en su territorio, sino en todo el planeta. Milei sustenta una concepción de política económica para todo el mundo.
 
Es lo que sostuvo en Davos, en el Foro Económico Mundial y en la cumbre conservadora en EEUU. Su alineamiento de política internacional es con EEUU y con Israel, sin fisuras, en una prédica en contra de toda alternativa al capitalismo, sea el socialismo, el populismo, en la que solo incluye a la izquierda en esta categoría, tanto como al feminismo, el ambientalismo, o cualquier demanda que restrinja la dinámica de la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo sobre los bienes comunes.

Las manifestaciones discursivas contra los presidentes de México, Colombia o Brasil, son parte de una diatriba agresiva contra Cuba, Nicaragua o Venezuela en nuestro territorio, pero especialmente contra China y los países sancionados unilateralmente por Washington y sus aliados en Europa y Asia. Argentina con Milei es parte de la ofensiva ultraderechista que pretende consolidar la ofensiva del capital en contra del trabajo, de la naturaleza y de la sociedad. Beneficiados y perjudicados Luego de 4 meses resulta evidente identificar en su gobierno quienes son los beneficiarios y quienes los perjudicados de la política económica.

Entre los beneficiados, todo remite a las primeras disposiciones asumidas desde el 10 de diciembre del 2023. En ese momento se dispuso: a) una devaluación, con un dólar que pasó de 400 a 800 pesos y con devaluaciones programas del 2% mensual para cotizar actualmente a 864 pesos por dólar según el BCRA; b) la liberación de los precios, habilitando la remarcación de bienes y servicios favoreciendo las ganancias concentradas del sector hegemónico del empresariado local y externo. Ambas dinámicas se mantienen, ya que existe una fuerte presión para profundizar el rumbo de la devaluación de la moneda y continuar con el realineamiento de los precios relativos, especialmente el aumento de las tarifas de servicios públicos.

La realidad es un alza inflacionaria en moneda local y en divisas. Es un rumbo que disparó la inflación en diciembre del 2023 al doble de la mayor marca del gobierno anterior en noviembre del pasado año, del 12,8% al 25,5%, que anualizada a febrero del 2024 alcanzó el 276,2%; con una proyección según indican consultores al BCRA del orden del 190% para todo el año 2024, desde el 20,6% de enero, el 13,2% de febrero, un estimado similar para marzo y si se cumple una proyección de un dígito mensual desde abril o mayo. Grandes ganadores son entonces los sectores más concentrados de la producción y exportación local, entre ellos, del agro negocio, de los hidrocarburos y de la minería, precisamente los mismos sectores transnacionalizados que el gobierno señala como motores del repunte luego del piso recesivo que transita la economía actual.

Es algo que aparece ya en los datos de enero, en donde el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) “registró una caída de 4,3% en la comparación interanual, y de 1,2% respecto a diciembre en la medición desestacionalizada”. Entre los pocos sectores con datos en positivo aparece el sector agroexportador y la minería. El sector industrial presenta evidencias de la recesión, tal como señala la estadística oficial: “En febrero de 2024, el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) muestra una caída de 9,9% respecto a igual mes de 2023. El acumulado del primer bimestre de 2024 presenta una disminución de 11,1% respecto a igual período de 2023”. Un dato importante es que esa referencia de ganadores no incluye a la mayoría de la sociedad argentina. Por eso, los grandes beneficiarios de la política del gobierno son los productores y exportadores más concentrados, los grandes inversores externos y el sector asociado a la especulación y las finanzas.

De este modo, el rumbo de la economía argentina favorece las expectativas de capitalistas globales y locales que miran con interés y atención lo que ocurre en la Argentina, ya que se generan todas las condiciones macroeconómicas para invertir en un territorio que les genere una rentabilidad más que adecuada. Importa el tema, porque Argentina está condicionada por el endeudamiento externo, especialmente por el acuerdo con el FMI, sea el préstamo de Mauricio Macri del 2018, o la renegociación del gobierno de Alberto Fernández del 2022, que potencia la dependencia por deuda hasta el 2034. Argentina está auditada trimestralmente por el FMI y siendo un pagador serial de sus compromisos externos, o renegociando los mismos a cambio de pérdida de soberanía, se ofrecen excelentes oportunidades de renta a inversores que buscan elevadas ganancias en tiempos de crisis global.

Las cuentas financieras están dando señales para esos grandes inversores internacionales, por la baja de la brecha entre distintos tipos de cambio y la disminución del riesgo país, con crecimiento en las valorizaciones de títulos y acciones. En ese marco, se destaca el crecimiento de las reservas internacionales, que estaban en diciembre pasado en 21.200 millones de dólares y a marzo alcanzaron los 28.200 millones. Es un logro sustentado en una balanza comercial positiva por 3.200 millones, pero más aún, en el atraso en el pago de las importaciones por 9.300 millones. A ello debe incorporarse la pérdida de divisas por pagos de intereses y otros aspectos por más de 8.100 millones. Los beneficiarios de la política del gobierno Milei son sectores económicos altamente concentrados, asociados a la gran producción y exportación del agro, la energía y la minería.

Todos ellos asociados y vinculados a la gran propiedad territorial, la gran burguesía local y a los inversores externos. Si estos son los ganadores queda claro quienes son los perdedores. En primer lugar, están las/os jubiladas/os y las/os trabajadoras/es en actividad, a los que suman los sectores pequeños y medianos del empresariado que atan sus ingresos a la capacidad de compra de los ingresos populares. Para los primeros el tema es dramático, reitera lo que viene aconteciendo en los últimos gobiernos, ya que la fórmula de actualización de los ingresos previsionales no resuelve las necesidades de jubilados y jubilados, que hoy se encuentra en un nivel de 685 mil pesos mensuales y la mayoría, dos tercios de los jubilados (7 millones de personas), perciben algo así como un tercio de lo que necesitan para una vida digna y adecuada del adulto mayor.

En materia de salarios, tenemos que un 40% de trabajadores y trabajadores están en una situación irregular, flexibilizados, con contratos sin seguridad social. Los ingresos de estos trabajadores en situación irregular son peores que los ingresos de los trabajadores estatales, hoy viviendo una situación de extensión de los despidos: el gobierno habla de 15 mil despidos en “semana santa”, y fuentes sindicales están en la indagación del numero concreto y real de esas cesantías, pero el propio presidente ha señalado que el objetivo es despedir 70 mil trabajadores contratados. De hecho, trabajadores contratados por un año, ahora se reducen a tres meses. Es una espada de Damocles permanente sobre los empleados contratados por el Estado. El Estado es el mayor contratante en situación de irregularidad, por ende, es el que mayor precariza la fuerza laboral en la Argentina. Los salarios de los trabajadores irregulares son los que en peor situación están, los que más han perdido, siguiendo los estatales y luego el sector privado regularizado.

Con dos temas importantes como agravante, uno, que el gobierno ha dicho que no va a avalar paritarias de actualización según vayan los acuerdos entre patronales y trabajadores, lo que demuestra los limites de la libertad de mercado: libertad de precios para aumentar precios en el mercado, menos el precio de la fuerza de trabajo, precio que esta controlado y que va a demandar paros y conflictividad. Por otra parte, existen negociaciones para restituir el impuesto a las ganancias a los salarios, que pondría de nuevo a trabajadores de altos ingresos relativos con respecto al promedio, a pagar impuestos para cubrir las necesidades de recursos de la nación y de las provincias. Como vemos, beneficiarios muy concentrados y una amplia parte de la población argentina perjudicado por esta política de concentración del ingreso y de la riqueza. Consenso y disputa política La resistencia crece en el marco del descontento por inflación y recesión, que no se constituye aun en proyecto alternativo ante la desconfianza y crítica a los gobiernos anteriores, especialmente al peronismo y su hegemonía kirchnerista. Interesa el tema por la hegemonía peronista en el movimiento popular desde 1945 y por el protagonismo de una nueva camada juvenil del activismo social en los últimos años bajo el liderazgo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

La izquierda también está afectada y remite a problemas históricos desde la emergencia peronista para ser expresión de representación masiva. En rigor, debe pensarse la dimensión cultural y social de la izquierda, más allá de la representación institucional, e incluso, vínculos políticos entre franjas sociales, territoriales y política de la izquierda y el peronismo, como parte de una búsqueda de novedosas articulaciones de reorganización del movimiento popular. La ultra derecha desde los medios de comunicación y las redes sociales viene ejerciendo una eficaz política de intervención cultural para descalificar al peronismo, al kirchnerismo y en ese contexto a la izquierda en su conjunto. Tal como antes mencionamos, para Milei, todo es lo mismo, “comunismo, socialismo, kirchnerismo, peronismo, populismo, feminismo, ambientalismo”. El interrogante es como reconstruir identidad popular más allá de las identidades tradicionales y sintetizar la ampliada resistencia por reivindicaciones democráticas, contra los despidos y la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos populares, con un proyecto político anticapitalista, antiimperialista y por profundas transformaciones en contra de la explotación y el saqueo. Se trata de una preocupación que reconoce el debate intelectual y político en variados espacios socio políticos, sindicales, territoriales, de un activo militante que se reconoce en la tradición peronista o en la izquierda, y que no siempre articularon en conjunto sus propuestas políticas o civilizatorias.

No es solo un tema para el debate local, sino también global, que remite a la discusión sobre el sujeto de los cambios y la revolución, como a las identidades políticas necesarias en la perspectiva de la lucha en contra de la ofensiva capitalista, de las derechas y la ultra, caso de la Argentina y de otros países de la región y del mundo. De hecho, lo que se propone es un debate estratégico para darle rumbo una perspectiva de emancipación en el presente y futuro cercano. Es un debate estructural ante la permanencia de un proyecto que ya empieza a presentar su estrategia para las elecciones de medio turno en 2025 y para renovar mandato presidencial en 2027. Estamos interpelados a construir alternativa política en contra y más allá del capitalismo.

Buenos Aires, 10 de abril de 2024