En diálogo con laolla.tv Julio Gambina, miembro electo de la Mesa Nacional de la CTA, Director Académico del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina (CEFJA-CTA) y Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP) se refirió al reciente fallo de la Corte Suprema de EEUU sobre los fondos buitre y también a la vocación de pago de la Argentina.
“Se agregan nuevos compromisos de pagos con lo cual hay más recursos públicos que en vez de destinarse a satisfacer necesidades sociales de educación, salud, trabajo, desarrollo económico, regional, hay que destinarlos al pago a los acreedores. Porque no sólo se trata de 1500 millones de dólares, que involucra la sentencia del juez, sino que también puede venir atrás de esta sentencia, a demanda de otros acreedores que no entraron al canje y según confesó la Presidenta en cadena nacional eso representaría 15 mil millones de dólares. Es una cifra muy importante que compromete los recursos públicos de la Argentina en el corto, mediano y largo plazo”, señaló.
“Mientras más acreedores externos demanden recursos del tesoro o de las reservas, más dificultades para disputar la apropiación de esos recursos para necesidades sociales como son los salarios de los trabajadores de la salud, de la educación, del Estado en general y los presupuestos que tienen que ver con el gasto social”.
“También hay que pensar que esta presión para cancelar deuda en el exterior, es una presión mas sobre el tipo de cambio que es uno de los precios que condiciona fuertemente la economía en su conjunto. Recordemos que el año pasado la presión sobre las divisas hizo que hubiera micro devaluaciones recurrentes que terminaron en una mega devaluación en enero, que terminó impactando en los precios que afectan a la mayoría de la población que vive de ingresos fijos”. De esta forma Gambina señala que el impacto que hay que esperar de estas decisiones asumidas por la justicia Estadounidense y la vocación de pago, que hay no sólo del oficialismo, sino de la oposición con potencialidad de ser gobierno, supone sacrificios muy importantes para el conjunto del pueblo argentino”.
“La sentencia está y es por la totalidad y el Gobierno argentino quiere sentarse a negociar. Y tratar de escaparle a un embargo para que la Argentina pueda seguirle pagando a los acreedores y no tener que entrar en default técnico si es que hay embargo sobre esos recursos de pago. La sentencia es que tiene que pagarse la totalidad y la negociación es discutir cuándo se paga, dónde se paga, cuántos se paga. A Argentina lo que le preocupa es que el 93 por Ciento que entro al canje no reclame para que se le pague el 100 por ciento. La voluntad es de pagar, por eso las consecuencias son tan negativas para la mayoría de la población”.
Alternativas
“Argentina tiene que ir a una política de autonomía e independencia que podría generalizarse si en la región se retoman algunos temas de agenda como puede ser el debate de la nueva arquitectura financiera, entre los cuales estaba la creación de un Banco del Sur, la organización de un fondo del sur con aporte de las reservas internacionales de la región que siguen siendo elevadas para financiar proyectos de desarrollo productivo, económico regional de carácter alternativo que no subordinen a nuestros países a las necesidades e intereses de las corporaciones trasnacionales, que alienten un programa de soberanía alimentaria y no de industrialización de la ruralidad como plantea el programa Agrario alimentario estratégico 2020, que supone mas monocultivo especialmente de soja transgénica, que subordina a la Argentina al domino de las trasnacionales”.
Asimismo, se refirió a la necesidad de “desarrollos productivos que afirmen la soberanía energética. Y no transitar el camino de a subordinación de las grandes petroleras que como en el caso de Chevron, que están interesadas desde una tecnología depredadora como es la fractura hidráulica en la extracción de gas y petróleo no convencional para satisfacer las demandas energéticas de las grandes trasnacionales en los países capitalistas más desarrollados. Es decir pensar una estrategia de soberanía financiera, alimentaria, energética en un sentido de soberanía popular articulada del conjuntote países de la región y más allá”.
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