Contra la razón populista. La vía muerta de Ernesto Laclau

La razón populista o la hegemonía como formalismo vacío

La reformulación del proyecto de Laclau en términos de «razón populista» 22/ se puede comprender como una profundización de su investigación sobre las condiciones para llegar a la universalidad no-substancial de los sujetos de la política. Si se le compara con el manifiesto postmarxista de 1985, el cambio de tono es grande. A partir de ahora, en el centro del debate se sitúa la racionalidad propia de la política como construcción de sujetos unificadores, de «pueblos» o, de forma más exacta, de configuraciones siempre singulares, construidas en la contingencia de las coyunturas, del «pueblo». Por decirlo de otra forma, el «populismo» tal como lo define Laclau no es un régimen, ni un movimiento político particular, se reclame o no de esta denominación. El populismo no nos remite a ningún contenido social o político predeterminado; es la forma misma de constitución de lo político; una forma vacía que una pluralidad de «contenidos» trataran de llenar y ocupar –mediante una construcción hegemónica- sin jamás agotarla. Al contrario de lo que afirman sus detractores, esta forma es racional, muestra incluso una profunda racionalidad de la política moderna. En su núcleo se aloja un proceso de universalización provocado por el exceso irreprimible de «exigencias democráticas» particulares que surgen de la heterogeneidad de una sociedad diferenciada, en cualquier sistema sociopolítico dado. Este exceso revela a su vez la imposibilidad irreductible de una totalidad a satisfacer el conjunto de exigencias que se le plantean: una de ellas, al menos, chocará con la inadmisibilidad. De esta forma se abre la posibilidad de una «cadena de equivalencias» que permite a esta reivindicación particular entrar en resonancia con otras y romper con la «lógica diferencial», que consiste en tratar y satisfacer, cada una de las demandas tomadas por separado en forma de serie.

El «pueblo» se constituye en esta lógica metonímica en la que la parte se convierte en el nombre de la totalidad. La nominación se presenta así como el acto constitutivo de la política, que atestigua su carácter fundamentalmente discursivo. Pero la tensión entre la lógica diferencial y la de la equivalencia continúa irreductible: nada puede (¿o no debería?) eliminar la «diferencia», la singularidad. El «pueblo» sigue siendo una totalidad no completa, derivada de la imposibilidad de «concluir» en un modo de gestión la heterogeneidad constitutiva de lo social –o, sería necesario añadir, del fracaso a abolirla en un modo «totalitario». Se trata de una construcción regida por principio por la contingencia y la indefinición. La lógica inmanente a esta forma de vacío de la política no es otra cosa que la «hegemonía», que adquiere aquí una extensión máxima y se convierte en coextensiva de la racionalidad política o, lo que es lo mismo, de la «razón populista».

Detengámonos un momento sobre la acción definitoria, acto fundacional como acabamos de ver, que erige al «pueblo» como sujeto político. Según Laclau, no sería fruto de una operación conceptual (de conocimiento) porque eso llevaría a presuponer la unidad a priori de ese sujeto, una unidad directamente derivada de la inmanencia del funcionamiento social; o sea, un fundamentalismo. La acción definitoria es a la vez integralmente constitutiva y radicalmente contingente: la «heterogeneidad» de lo social significa que la reivindicación en torno a la que se puede establecer la cadena de equivalencia puede surgir de una multiplicidad de espacios (de «puntos de antagonismo»), sin jerarquía o posición privilegiada preestablecida: según las situaciones, se puede tratar de una lucha obrera, de una reivindicación nacional o social, del antirracismo o de la actitud ante un conflicto armado. Dicho de otra manera, el punto nodal es en sí mismo un elemento de la lucha hegemónica, de un discurso que le constituye «ontológicamente», y no un derivado o la expresión de una lógica de unificación preexistente, de un contenido «óntico» determinado y, muy particularmente, de una supuesta «determinación en última instancia por la economía».

El «populismo», entendido como el proceso genérico de constitución del sujeto-pueblo de la política, comporta por consiguiente una triple dimensión:

– La unificación de una pluralidad de demandas en una cadena de equivalencias que hace de la particularidad el nombre mismo de la totalidad perforada, sin por ello anular su particularidad, impidiendo con ello toda fijación definitiva, o substancial, de esta identidad unificada. Para decirlo con otras palabras, las particularidades no se suprimen en una unidad confusa, sino que se articulan en una cadena que produce, ella misma, una lucha contingente.

– Trazar una línea de demarcación que separa dos campos, el «pueblo» y su «adversario», dejando claro que ahí tampoco es inmutable esta línea, porque depende tanto de la modalidad sobre la que se establecer la hegemonía popular y el principio de exclusión que se deriva de ella, como de la capacidad del sistema para integrar las reivindicaciones que se le exigen, separándolas de la cadena en la que se articulan.

– La consolidación de la cadena de equivalencia en una identidad que es a la vez ruptura, el surgimiento de una singularidad inédita a través del acto de nominación y el establecimiento de una nueva disposición. En efecto, la dinámica hegemónica de la que es portador este sujeto reacciona a una dislocación sistémica e inscribe la pluralidad de las reivindicaciones en una misma superficie discursiva y simbólica. Se supone que esta consolidación supera el seudodilema del cambio gradual («reforma»)-revolución en beneficio de una exigencia fundamental, pero de tipo estrictamente transcendental-formal, irreductible a un contenido determinado: el de una opción a favor de un orden, de un «conjunto discursivo/institucional que asegure su propia supervivencia a largo plazo» 23/.

Seguramente, en la «razón populista» del último Laclau se puede reconocer una fenomenología general de la constitución política de identidades de grupos que emergen, al son de las coyunturas, a la escena histórica. Pero, justamente, el carácter descriptivo y formal asumido de este punto de vista plantea una cuestión fundamental: el de su estatus crítico; es decir, de su capacidad para orientar hacia alguna opción determinada, sea la que fuera. Rechazando la categoría dialéctica hegeiana de «negación determinada» 24/, Laclau propone explícitamente un marco transcendental, deducible a priori, de la forma de la lógica política como tal.

Autorreferencial, la construcción discursiva de la hegemonía se convierte así en la instancia constitutiva de todo movimiento político, independientemente de su orientación. E incluso si la mayoría de los «populismos» que analiza, desde los reformadores estadounidenses de finales del siglo XIX al comunismo italiano de la época de Togliatti y de la Larga Marcha de las tropas de Mao, al peronismo de su país de origen, son más bien de izquierdas, no por ello deja de ser cierto que se sitúan en el mismo continuum que los fascismos, los movimientos autoritarios y xenófobos: en sentido estricto, muestras una misma tipología 25/. Más en concreto, la reivindicación específica que permita articular una cadena de equivalencia puede consistir tanto en la exigencia del fin de las discriminaciones racionales como en el antisemitismo, en la liberación nacional como en el expansionismo colonial, en la reivindicación de un Estado social o en el populismo autoritario de Thatcher y de sus seguidores. La única salvaguardia, la distancia de lo social que es preservar negativamente la «apertura» y la «indeterminación»: para ser compatible con la democracia, la lógica hegemónica se debe autolimitar para embridar cualquier voluntad de «sutura de lo social» que no puede conducir mas que a los totalitarismos.

Más allá de esta delimitación negativa, típicamente liberal, de la democracia, ¿en qué consiste la aportación del proceso hegemónico? El mismo reposa en la construcción de una fractura entre el «sujeto popular» y el «enemigo», que le hace propenso a consideraciones de «contenido», siempre susceptibles de desbordes totalitarios, fascistas o comunistas. Según Laclau, la «reivindicación democrática» que conduce a una cadena de equivalencias se define como tal de forma «estrictamente descriptiva»; es decir, formal, sin prejuzgar en nada su contenido y, en concreto, su contenido social. Es democrática en la medida que se plantea al sistema por una «especie u otra de gente sin recursos», lo que le confiere una «dimensión igualitaria» o, más exactamente, «igualitaria». Así, por ejemplo, el enunciado antisemita «en tanto que no-judíos todos somos iguales» es tan «democrático» como el enunciado totalmente contrario: «nosotros somos todos judíos alemanes» (excluyendo por tanto a los nazis y sus semejantes). Ambas cumplen la misma función reveladora de la imposible completitud de la totalidad social 26/. Esta definición puramente formal trata de expurgar de todo rastro de fundamentalismo, es decir de determinación socio-económica, la lógica política, de la que el «populismo» es el nombre. Sin embargo, más allá de rechazo de cualquier objetivo anticapitalista, esta concepción no logra captar la especificidad de la lógica «populista» que consiste en, como bien lo señaló Slavoj Žižek en la externalización del antagonismo social 27/: la fractura que divide al «pueblo-sujeto» de su «adversario» se concibe de entrada como una frontera que opone un «elemento externo», patológico e intrusivo, a un «pueblo» cosificado, exigiendo la vuelta a un funcionamiento «normal» de la totalidad social. Retomando los ejemplos que cita el propio Laclau, lo que hace del discurso cartistas un discurso populista es el hecho de que opone al cuerpo de los «verdaderos productores» (obreros, artesanos, independientes) una minoría de «vagos y parásitos», que acaparan la riqueza y se apropian del Estado gracias al sufragio censitario 28/. Del mismo modo, el discurso de los «progresistas» estadounidenses de finales del siglo XIX, o del movimiento peronista, opone un pueblo de gente ordinaria y humilde a minorías de «acaparadores», «oligarcas» vistos como monstruosas excrecencias del cuerpo, que ante todo es un cuerpo nacional, fundamentalmente sano 29/. Las consignas de los populistas contemporáneos no innovan nada, opongan el «pueblo» a la «casta» o a la «oligarquía»; incluso en las versiones contemporáneas del fascismo, a las «élites mundializadas» y a la «sumersión migratoria».

Vayamos más lejos: lo que es específico de los movimientos «revolucionarios» (en su sentido concreto: portadores de una puesta en cuestión del conjunto del orden social existente) es que, justamente, no se constituyen en torno a «reivindicaciones», presuponiendo el Otro de un sistema apto o no para satisfacerlas 30/, sino en torno a «consignas» que apuntan al sistema condensando los puntos de ruptura de su lógica de conjunto tal y como emergen en la coyuntura 31/. Y esta condensación es algo muy distinto a la simple «transparencia» de un supuesto principio unificador, interno a lo social, como lo sugiere Laclau cuando polemiza con el marxismo 32/: unifica el conocimiento de la situación con la definición de la tarea política que corresponde a la singularidad de la coyuntura. La consigna cristaliza «el análisis concreto de la situación concreta», para decirlo como Lenin, en la medida en que interviene para transformarla, produciendo efectos inéditos de subjetivación (de «cuerpos políticos») y modificando las líneas de demarcación. En otras palabras, cuando los actores implicados actúan se hacen cargo de la misma para actuar y modificar la relación de fuerzas y el curso de los acontecimientos. El «efecto-consigna» indica de ese modo la materialidad del discurso, que hace de ella un principio activo y no el «reflejo» pasivo de una substrato preconstituido, supera la fractura entre el nombre y el concepto, la acción y el conocimiento. Se refiere a su inscripción en una situación concreta, su articulación a una cadena de prácticas hechas de cuerpos en movimiento, de instituciones, de actos de lenguaje, de modalidades de acción; en resumen, de prácticas materiales que no podrían reducirse a una «multiplicidad» informe, no estructurada.

Es por ello que lo propio de los movimientos revolucionarios que se referencias en la lucha de clases y no en la simple oposición entre el «pueblo» y sus «enemigos», reside precisamente en su concepción del sujeto de la política como entidad contradictoria, no cosificada. Hay «contradicciones en el seno del pueblo», para hablar como Mao, lo que puede significar también: el «pueblo» no es otra cosa que el conjunto (estructurado) de sus contradicciones 33/. Para decirlo de otra manera, si cualquier movilización política es, a un grado u otro, inevitablemente interclasista, lo propio de un movimiento «populista» será de negar las contradicciones inherentes a esa diferenciación interna. La referencia al «pueblo» deja entonces de operar como un operador de unificación política de los grupos subalternos y se convierte en un vector de neutralización ideológica del antagonismo fundamental. De ahí el papel decisivo, en los movimientos propiamente «populistas», del jefe carismático, que a menudo le confiere al movimiento su nombre (peronismo, kemalismo, etc.). Contrariamente a lo que afirma Laclau, es la referencia a las contradicciones de clase lo que actúa como operador de la deconstrucción de la unidad reificada de la «gente» proyectada por la «razón populista», sin plegarla por lo demás a la perdida «pureza» de las oposiciones de clase, que no tiene sentido más que a un alto nivel de abstracción analítica. También es ella la que permite analizar la naturaleza compuesta de estas fuerzas, identificar sus polaridades y contradicciones y, finalmente, decidir sobre su potencial anticapitalista. Un potencial que se refiere a la complejidad de las configuraciones de clase que actúan en cada situación y no solo al resultado contingente de una lucha alrededor de un significante flotante.

¿Hegemonía sin poder?

En las elaboraciones marxistas originales, las de Lenin y Gramsci, la noción de hegemonía se pensable de entrada en la perspectiva de la conquista (y el ejercicio) del poder por el bloque histórico de los subalternos portadores de una idea nueva de organización de la sociedad y de la civilización. Desde este punto de vista, la «lógica hegemónica» de Laclau procede mediante una doble inversión. Por una parte, como lo hemos visto, para evitar caer en la trampa totalitaria, rechaza toda idea de transformar la estructura de las relaciones socio-económicas; por otro, y es a este aspecto al que tenemos que prestar atención, elude la cuestión de la conquista del poder del Estado para preservar el juego flexible y perpetuamente «reversible» de los poderes difusos en el seno de la «sociedad civil». Ahora bien, en una perspectiva de construcción hegemónica, parece difícil contentarse con construir discursivamente al adversario en el campo aislado de la confrontación política. En un momento u otro, la propia dinámica de la hegemonía planteará inevitablemente, si es que las palabras tienes aún un sentido, la cuestión de desplazarle del poder; es decir, de reemplazar una forma de hegemonía por otra. Dicho de otra manera, desencadenando una dinámica de hegemonía, el [sujeto] desfavorecido no puede permanecer eternamente como tal; llega un momento en el que, si logra adquirir la hegemonía, sale de su condición subalterna para acceder a una posición hegemónica de poder.

Es cierto que, en ocasiones, Laclau se refiere favorablemente al punto de vista de Sorel (o del Sorel leído por el joven Walter Benjamin) sobre la «huelga general revolucionaria» distinta de la «huelga general política» en el sentido que su objetivo no es «un cambio del sistema de poder» sino «la destrucción del poder como tal» 34/. Enfrentándose a la «propia forma del poder» se convierte en portadora de un objetivo propiamente universal. Ahora bien, los movimientos populistas que cita Laclau son, en su totalidad, movimientos orientados hacia la conquista del poder político, habiéndolo ejercido de forma concreta en ocasiones, y en ningún caso a experiencias libertarias orientadas a «destruir el poder» o a construir relaciones sociales alternativas en el seno de espacios autónomos liberados del estado. El peronismo, en cuyo seno inicio su militancia y que ha estado siempre en el centro de su reflexión, constituye su hipótesis. Así pues surge la sospecha: ¿las categorías de Laclau no son inadecuadas al objetivo que se plantea, es decir, a la comprensión de las dinámicas que permiten (o no) tener éxito a un «populismo opositor», o sea, transformarse en «populismo en el poder»?

Sigamos; la discusión propuesta en La razón populista del caso turco, es sin duda el ejemplo más revelador al respecto. Según Laclau, «el populismo de Ataturk presupone una comunidad unificada, desprovista de fisuras internas» 35/ en la medida en que se basa en la congruencia entre una concepción «solidaria», corporativa de la estructura social, y un nacionalismo que «pone el acento en una identidad homogénea y la supresión de cualquier particularismo diferencial». Este nacionalismo da forma al «estatismo» del proyecto kemalista, que extiende el área de intervención legítima del Estado al conjunto de las esferas sociales. No obstante la conclusión que se extrae de este análisis no puede sino sorprendernos. Ataturk habría sido «incapaz de seguir una vía populista» porque «su homogeneización de la nación realizó no a través de las cadenas de equivalencia entre las exigencias democráticas efectivas, sino a través de una imposición autoritaria» 36/. No fue sino «durante la guerra de la independencia que se dio tras la primera guerra mundial que el kemalismo se apoyó, en cierta medida, en la movilización de masas» 37/. La debilidad de estas distinciones salta a la vista: ¿podemos imaginar una «homogeneización de la nación» que se realice sin la intervención «desde arriba», es decir del Estado, y que se base en la articulación de demandas que vienen de «abajo»? ¿Existe una discontinuidad total entre el kemalismo previo a la toma del poder y el que llegó a tomar las riendas del Estado, o más bien, por el contrario, no habría que ver en esta trayectoria un caso ejemplar de la dinámica de los movimientos nacional-populistas? En definitiva, ¿representa Ataturk una desviación de la «razón populista» o, por el contrario, una excelente ilustración de su profundad verdad?

Esta incapacidad para dar cuenta de un verdadero cambio de la hegemonía, en el sentido gramsciano de un bloque en el poder que sucede a otro, resulta aún más chocante cuando Laclau se inventa una oposición totalmente ajena al intelectual comunista italiano, entre el «convertirse en Estado» de un grupo subalterno y la «conquista del poder» 38/.

La aporía de «convertirse en Estado» de la «razón populista» reducida a una gramática formal de la constitución de las subjetividades encuentra su contraparte en la incapacidad a explicar el movimiento opuesto; es decir, la lógica de la desintegración del bloque populista. Según él, la configuración populista deja de ser operativa cuando se impone la lógica diferenciadora, mostrándose capaz de quebrar la cadena de equivalencia, extrayendo de la cadena de equivalencia un o, por interacción sucesiva, varias de las exigencias que integra en su actividad de gestión. Es en estos términos en los que analiza, a partir de los trabajos de Gareth Stedman Jones, el fracaso del cartismo: la transformación de las políticas estatales a partir de finales de los años 1840, en el sentido de la adopción de una legislación social y de una regulación de las fuerzas del mercado, hizo inoperante el discurso cartista clásico, que politizaba las demandas particulares a través de la oposición frontal al Estado asimilado en bloque al enemigo. «Dando satisfacción a demandas sociales individuales» 39/, el Estado quebró las cadenas de equivalencia, los lazos creados entre la clase trabajadora y las clases medias y las modalidades de construcción discursiva de una articulación hegemónica. A partir de ahí, las demandas obreras estarán formuladas por el sindicalismo moderno, en tanto que demandas sectoriales, con el objetivo de llegar a una negociación en el marco delimitado por la acción del Estado. La «hegemonía burguesa» se construye así, «infaliblemente», a través de la «primacía de la lógica de la diferenciación frente a la lógica de la equivalencia» 40/. No habría mucho que objetar a este análisis, nada origina por otra parte, si no fuera porque lo propio dela hegemonía burguesa basada en la «negociación diferencial de las demandas en el seno de un Estado social amplio» 41/, consiste en que no integra, como lo desearía Laclau, de forma discreta «demandas individuales» sino cadenas de equivalencia, lógicas sociales coherentes y expansivas, en la medida que sean compatibles con las bases de las relaciones capitalistas. Lo que distingue la forma política del «Estado social» keynesiano de una simple suma de concesiones puntuales a las reivindicaciones de las clases populares reside precisamente en la coherencia, es verdad que relativa y no desprovista de limitaciones internas, de un compromiso social que durante décadas garantizó la estabilidad del «Estado social».

Esta realidad incontestable muestra la dimensión profundamente problemática de la categoría de «exigencia democrática»: en tanto que demanda dirigía a Otro (el sistema, el poder, el grupo dominante, etc.) no puede imaginar su propia transformación hegemónica, su superación/abolición al «convertirse en Estado». Además, no puede concebir las demandas en cuestión mas que como forma de singularidades diferenciadas, desprovistas de relaciones internas, sin encontrar un principio de puesta en relación y de unificación mas que a través de un discurso exterior a ellas mismas, que es el único que permite superar la supuesta «heterogeneidad radical de lo social». Dicho de otro modo, no permite pensar los fundamentos de las demandas en cuestión en las relaciones sociales y, por consiguiente, la relación entre la política y las condiciones socio-económicas, que Laclau aglomera en la expresión comodín «heterogeneidad de lo social». Esta heterogeneidad se presenta como un dato casi-natural, que no se puede transformar materialmente, sino solamente rearticular en un plano simbólico, es decir, definido de forma diferente a través de un significante vacío, susceptible de representar la incompletitud de la totalidad social. La distancia entre esa posición y la reducción de la empresa hegemónica a una cuestión fundamentalmente retórica se reduce a poco, y parece que Laclau la atraviesa cuando convierte la capacidad de los discursos a suscitar cierto tipo de «imaginario político» en el factor determinante para el resultado de una lucha política 42/. De ese modo resulta impensable no solo una intervención política «revolucionaria» orientada a revertir el sistema, sino también un auténtico proyecto reformista/social-demócrata en el que el potencial hegemónico se base ante todo en su capacidad para modificar los aspectos fundamentales de la relación capital/trabajo en un sentido favorable a las clases dominadas.